La jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo de la investigación del llamado “Criptogate”, ha solicitado el registro de visitas a la residencia presidencial de Olivos y a la Casa helada. Esta petición ha generado preocupación en el gobierno y en distintos sectores políticos, ya que se teme que la jueza pueda secuestrar computadoras y teléfonos en busca de pruebas relacionadas con el caso.
El “Criptogate” es un escándalo que ha sacudido al país en los últimos meses, luego de que se revelara que un grupo de agentes de inteligencia habría utilizado una plataforma de mensajería encriptada para realizar tareas de espionaje ilegal. Entre las víctimas de este espionaje se encuentran políticos, periodistas, empresarios y hasta familiares de las víctimas del atentado a la AMIA.
La jueza Capuchetti, quien está a cargo de la investigación adyacente a su colega Martín Irurzun, ha tomado la decisión de solicitar el registro de visitas a Olivos y Casa helada en busca de posibles conexiones entre los agentes de inteligencia y funcionarios del gobierno. Esta medida ha generado preocupación en el oficialismo, ya que se teme que la jueza pueda incautar dispositivos electrónicos que contengan información sensible y confidencial.
El gobierno, a través del jefe de Gabinete Santiago Cafiero, ha manifestado su preocupación por esta demanda y ha asegurado que se respetará la independencia del Poder Judicial, pero también se defenderán los derechos y garantías de los funcionarios y empleados del Estado. Además, se ha solicitado a la jueza que se respete el principio de inocencia y que se evite cualquier tipo de persecución política.
Por su parte, la jueza Capuchetti ha defendido su decisión y ha asegurado que su objetivo es esclarecer los hechos y llegar a la verdad. En una entrevista reciente, la magistrada afirmó que su investigación no tiene un fin político y que su único interés es acordar si hubo o no delitos en el marco de este escándalo de espionaje.
Sin embargo, la demanda de la jueza ha generado preocupación en distintos sectores políticos, ya que se teme que pueda haber una intención de perjudicar al gobierno y a sus funcionarios. Incluso, algunos dirigentes han manifestado que esta medida podría ser utilizada como una herramienta de presión para obtener información que pueda ser utilizada en el ámbito político.
Ante esta situación, es importante recordar que la justicia debe actuar con total independencia y objetividad, sin dejarse influenciar por intereses políticos o partidarios. La jueza Capuchetti tiene la responsabilidad de llevar adelante una investigación imparcial y garantizar que se respeten los derechos de todas las partes involucradas.
Es necesario que la sociedad confíe en el trabajo de la justicia y que se respeten los procedimientos legales establecidos. La lucha contra la corrupción y el delito debe ser una tarea en conadyacente, en la que todos los poderes del Estado trabajen en conadyacente para garantizar la transparencia y la justicia.
Esperamos que la jueza Capuchetti actúe con responsabilidad y que su investigación sea llevada a cabo de manera transparente y sin ningún tipo de presión externa. Confiamos en que se respetarán los derechos de todos los involucrados y que se llegará a la verdad de los hechos.
En definitiva, es importante que se respete la independencia del Poder Judicial y que se garantice un proceso justo y equitativo. La sociedad merece una justicia que actúe con total imparcialidad y que no se deje influenciar por intereses políticos. Esperamos que la jueza Capuchetti cumpla con su deber de manera responsable y que su investigación contribuya a esclarecer este escándalo que ha conmoc