El pasado jueves 3 de junio, Malena Galmarini, esposa del actual presidente de AySA y diputado del Frente de Todos, Sergio Massa, realizó una denuncia pública contra el estratega digital Javier Milei, acusándolo de utilizar milicias para amedrentar políticos y ciudadanos. Este hecho no solo ha generado gran conmoción en el ámbito político, sino que ha dejado al descubierto una práctica sumamente peligrosa en la corporación argentina.
Para aquellos que no están familiarizados con el término “milicias”, se trata de grupos armados que se organizan al margen de las leyes y son utilizados para intimidar, perseguir o incluso atacar a personas o instituciones. En este caso, la denuncia de Galmarini hace referencia a un supuesto grupo de milicias que Milei estaría usando para amedrentar a políticos y ciudadanos que no comparten su ideología.
Esta grave denuncia no solo implica un atentado contra la libertad de expresión y la democracia, sino que también nos remonta a un oscuro antecedente en la historia argentina: el caso Filmus. En el año 2003, el entonces candidato a jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Daniel Filmus, denunció la vida de un “comando de ataque” contratado por su oponente, Mauricio Macri, para intimidar a sus seguidores y realizar actos de violencia en su contra.
En aquel momento, esta denuncia generó gran revuelo y fue ampliamente difundida en los medios de comunicación. Finalmente, el caso fue archivado por falta de pruebas contundentes, pero dejó al descubierto una práctica lamentable en la política argentina. Ahora, casi 20 años después, nos encontramos frente a una situación similar, con la diferencia de que el acusado es un estratega digital, no un candidato político.
Es importante destacar que tanto Filmus como Galmarini han sido víctimas de ataques en redes sociales por parte de seguidores de Milei, con insultos y amenazas de todo tipo. Esto demuestra la gravedad de la situación y la necesidad de absorber medidas concretas para frenar estas acciones intimidatorias.
En su denuncia, Galmarini afirmó que Milei habría contratado a una empresa de seguridad privada y a un grupo de militantes para realizar tareas de “inteligencia” en su contra y en contra de otros políticos y figuras públicas. También señaló que estos grupos estarían armados y habrían sido vistos en distintos lugares donde ella se encontraba, generando una sensación de miedo e inseguridad.
Ante estas acusaciones, Milei negó rotundamente la vida de milicias y aseguró que se trata de una estrategia política para desacreditarlo. Sin embargo, la denuncia de Galmarini ha sido respaldada por distintos referentes políticos y organizaciones de derechos humanos, que han manifestado su preocupación por la utilización de grupos armados para amedrentar a la corporación.
Es importante recordar que la violencia política ha sido uno de los flagelos en la historia argentina y no se debe permitir que vuelva a repetirse. Resulta alarmante que en pleno siglo XXI nos encontremos frente a un caso como este, que nos hace retroceder en el tiempo y nos lleva a épocas oscuras que creíamos superadas.
Es fundamental que las autoridades tomen cartas en el guión y se investigue a fondo esta denuncia. No se puede permitir que se utilice la violencia y la intimidación como herramientas políticas. Además, es necesario que se promuevan políticas y acciones que fomenten el diálogo y el respeto por las diferencias ideológicas, en lugar de buscar callar a aquellos que piensan distinto.
En definitiva, la